Opinión: CRISIS ENTRE LA CORTE SUPREMA Y EL PRESIDENTE URIBE

Y AHORA ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?...

Los enfrentamientos entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema generan muchas dudas en la vida nacional. En especial, porque la presión que ejerce el primer mandatario a la justicia, es un claro síntoma del desequilibrio entre los poderes.

El declive de las relaciones invita a la pregunta ¿en qué tipo de democracia estamos?, o si realmente, aún sigue siendo una democracia, en donde se goza de un respeto mutuo en las decisiones de los poderes, que garanticen una sociedad pluralista y con pleno conocimiento de sus funciones y responsabilidades.

El primer round con César Julio Valencia, ex presidente de la Corte suprema de Justicia, fue lo que desencadenó el hilo de lo que hasta ahora se ha visto. Pero esos enfrentamientos se vuelven un caos en la vida política nacional, porque el máximo ente de la justicia colombiana empieza a perder su autoridad ante la opinión pública y además genera una polarización del país, direccionada principalmente por las declaraciones de Uribe. Éste con el favor de un 85% de popularidad, hace que se ponga en peligro el acatamiento de las decisiones de los jueces, en un país tan enredado como el nuestro en estos días. 

La reforma judicial que presentó Fabio Valencia Cossio, en donde está incluido el punto de la doble instancia, que permitiría llevar las decisiones de la Corte Suprema a una nuevo fallo, que lo tomaría el Congreso de la República; ha creado implícitamente otra deslegitimación del poder de la máxima institución judicial colombiana; debido a la polémica que se ha generado en distintos sectores al insinuarse que esa sería la salida para que el parlamento, de mayorías Uribistas, tomen las decisiones en especial de los involucrados en Parapolítica. Eso  encaminaría a perder la estabilidad de concordancia que se debe tener entre uno y otro poder para mantener el equilibrio institucional, que garantice que no se parcialice la justicia en favor de intereses de los más poderosos.

Teniendo en cuenta esos sucesos que se han vuelto el pan diario para la opinión nacional, los funcionarios de la rama judicial no puede entrar en ese juego irresponsable de acusaciones, porque esa inestabilidad propia que se puede presentar, muchas veces por el afán emocional y no con el de la conveniencia racional, afectará el balance tanto social, como la imagen de Colombia en el exterior.